¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

"Cuando Anu, el Sublime, Rey de Anunaki, y Bel, señor del Cielo y de la Tierra, decretaron el destino del país y asignaron a Marduk, hijo Comandante de Ea y Dios de la Rectitud, dominio sobre los hombres; y le dieron su ilustre nombre a Babilonia, la hicieron grande y fundaron en ella un reino eterno sobre bases tan sólidas como las del Cielo y la Tierra; entonces Anu y Bel me llamaron a mí, Hamurabí, príncipe exaltado, para que trajera al país el dominio de la rectitud, para que destruya a los malvados y malhechores, para que el fuerte no pueda hacerle daño al débil... para garantizar el bienestar de la gente."

Así comienza el preámbulo del Código que escribió Hamurabí hace tres mil ochocientos años. La retórica es sorprendentemente similar a la de nuestra Constitución, con una muy importante distinción: la autoridad del Código de Hamurabí proviene de la Divinidad. La autoridad de nuestra Constitución proviene del pueblo. El artículo 6 del Codígo de Hamurabí tipifica y sanciona la corrupción: "Ley 6: Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte". La corrupción, como el homicidio, se castiga con la pena máxima.

Nuestra noción de los derechos humanos ha evolucionado durante los 3800 años que han transcurrido desde los tiempos del reino de Hamurabí. En nuestro país ningún delito puede penarse con la muerte. Esto es acertado, en mi opinión. La pena de muerte mengua el espíritu social.

Ahora bien, es improbable que las motivaciones sicológicas primarias del comportamiento humano hayan cambiado significativamente en los últimos cuatro milenios. La especie humana apareció hace unos 300.000 años. Esto quiere decir que si hombres y mujeres hubiésemos aparecido en la Tierra hace un año, entonces el Código de Hamurabí hubiese sido escrito hace apenas cinco días. La fisiología cerebral de un ladrón en Babilonia es la misma que la de un choro en Caracas. Sus motivaciones primarias son las mismas. Sí Hamurabí encontró necesario legislar con severidad extrema contra la corrupción. ¿Que nos hace creer que podemos fundar un país sin penalizarla en forma drástica?

El Presidente acaba de anunciar que promoverá leyes para limitar el sueldo de los funcionarios públicos de alto nivel. Esto es loable. Y tendrá un efecto pedagógico sobre la población. Pero no creemos que vaya a limitar la corrupción.

Un sueldo de 15 millones es 30 veces más grande que un sueldo mínimo, es verdad. Pero 15 millones se quedan cortos ante los montos involucrados en la corrupción. Los negocios de la corrupción involucran millardos de bolívares; en casos extremos decenas y centenas de millardos. El incentivo para corromperse es enorme. Y excepto por la moral individual, no hay freno. Como dijo el difunto Gonzalo Barrios, "en este país la gente roba porque no tiene ninguna razón para no robar".

La corrupción merece ser castigada con la pena máxima, que en nuestro país son 30 años. Y no sería malo plantearnos una meta específica. Sugerimos una: encarcelar aunque sea unos cien corruptos para celebrar la inauguración del Viaducto de la Guaira.