Años atrás, estamos en el teatro griego de la Universidad de California en Berkeley, la universidad pública más importante de Estados Unidos. Los estudiantes latinoamericanos han convocado un acto de graduación especial para honrar a sus familias. Cada estudiante subirá al escenario acompañado de sus padres, de su tía, de su hermana, de quien sea que le haya asistido en el tránsito hacia su logro académico. En el escenario, una profesora de rasgos apaches mira con cariño hacia la multitud en las gradas. Un campesino, podría ser de Timotes, viste de chaqueta negra y sombrero de fiesta. Un venezolano y un colombiano conversan y lucen tricolor bolivariano sobre negro de academia. Si estuvieramos vestidos de rojo, seríamos una horda chavista, pienso. Y me pregunto: si puedo ver esta escena de pueblo triunfal aquí, en una universidad cuyos premios Nobel se cuentan en decenas ¿por qué no puedo ver lo mismo en la UCV, o en la USB, o en la ULA?
Porque la burocracia universitaria lo impide. Los intereses económicos y políticos de los factores de poder universitario son inconsistentes con la equidad en el acceso a la educación superior: cursos propedeúticos, cupos discrecionales y costosos exámenes de admisión se han convertido en mercancías que se intercambian por dinero o favores políticos. La voracidad de la burocracia universitaria nos impide educar a los mejores, estén donde estén. Y como resultado coarta la capacidad productiva de Venezuela. ¿Que hacer?
Si se dispusiera de una planta física ilimitada y de un número indefinido de profesores idóneos, bastaría con admitir a la Universidad a todo el que lo solicitara. En la práctica esto es imposible, al menos por ahora. Lo que sí es posible es estimar la capacidad instalable de las instituciones universitarias. Instalable, decimos, porque hay instituciones que pueden aumentar significativamente el número de estudiantes que atienden, sin mermar por ello la calidad de la enseñanza que imparten. Esta capacidad instalable puede distribuirse de manera efectiva dentro de los diferentes sectores geográficos y sociales de la población. Bastaría con clasificar los aspirantes de cada liceo de acuerdo al rango que les corresponda dentro de su institución. Los mejores estudiantes de cada liceo, los que estén por encima de un cierto rango umbral, tendrían el cupo universitario garantizado. El rango umbral se escogería para que fuese consistente con la capacidad instalable en las universidades. El rango tiene la ventaja de ser una medida neutral, que permite a un estudiante competir con aquellos que estudian bajo condiciones similares a las suyas. Sabemos que las notas varían significativamente de liceo a liceo. Y que los exámenes de admisión penalizan a quienes han estudiado en condiciones de desventaja y no pueden, además, pagar cientos de miles, hasta millones, por un curso propedeútico. Correspondería a los Consejos Comunales, en colaboración con los docentes, vigilar la calidad de la educación impartida, orientar a los estudiantes y cuidar el cupo comunal.
El nuevo Ministro de Educación Superior, Profesor Luis Acuña, ha anunciado que cambiará el sistema de admisión universitaria. Le deseamos éxito. Y dejamos sobre la mesa estas ideas.
Sunday, January 28, 2007
Sunday, January 21, 2007
Umoja: un barrio en Miami
Liberty City es un vecindario pobre de Miami, a escasos kilómetros del centro de la ciudad. En octubre de 2006, 40 personas en situación de calle, liderizadas por Max Rameau, un activista comunal de 37 años, tomaron posesión de un terreno municipal baldío y fundaron la aldea Umoja. Niños, mujeres y hombres habitan ahora en Umoja, que significa "Unidad" en el lenguaje swahili. Cada casa construida con sobrantes de madera de embalaje y lona azul turquesa, cada casa de cartón, habría dicho Alí Primera, tiene el nombre de un héroe afrodescendiente: Martin Luther King, Malcom X, Assata. La "ducha" colectiva es un marco de madera sobre el cual el usuario coloca un envase de plástico que ha llenado de agua, según instrucciones claramente indicadas en un letrero. Una manguera recoge el agua que cae en el piso y la lleva a regar un huerto comunal. En una lista pública aparecen las tareas del día; y las personas responsables de cumplirlas. Tres reglas codifican la justicia: se prohiben las drogas y el alcohol, la violencia y el acoso sexual. Umoja es un experimento social, de gobierno comunitario.
Mientras resisten los esfuerzos de los políticos por echarlos del sitio, los habitantes de Umoja han encontrado en la solidaridad su humanidad perdida. En un video grabado en noviembre del año pasado, una joven latina dice: "me gusta estar aquí, tengo un cuarto, tengo una puerta que me da un poquito de privacidad, tengo ropa, tengo comida, ¿qué mas puedo pedir?." Un líder comunal reflexiona: "las casas aquí no tienen bases, nosotros somos la base; hicimos esto para ayudar a las personas, para juntarlas; ¿usted necesita un sitio para vivir? ¿usted necesita comida? se los damos, sin cobrarle, sin preguntarle nada; ¿usted necesita amor? tenemos amor; el amor nos da la respuesta, el amor es la respuesta ahora; y lo tenemos." Un joven negro ríe mientras dice que "es encantador poder cocinar tu propia comida, es algo que no puedes hacer debajo del puente." Un hombre de unos sesenta años lava los platos y comenta "me siento como que soy alguien, especialmente cuando estoy ayudando a alguien, ¿sabes lo que es eso?" Otro, más lapidario, sentencia: "siento que he vuelto a ser un hombre."
Max Rameau señala a la burocracia: "el gobierno local, en vez de ser un aliado en la lucha por construir hogares de bajo costo, es nuestro peor enemigo."
La ciudad de Miami tiene un deficit de viviendas para gente de bajos ingresos. Mientras tanto, el poder municipal promueve la construcción de viviendas de lujo. (De acuerdo al Miami Herald, una Comisionada de Miami tiene prioridades distintas a las de los pobres, como por ejemplo invertir $75.000 de fondos municipales para garantizar la apertura del "Yellow Moon Salon and Day Spa," un negocio propiedad de su familia.) La corrupción y el neoliberalismo se dan la mano. Pero Umoja resiste y nos demuestra que la gente no se cruza de brazos: mas tarde o mas temprano, actúa.
Distribuir dinero ayuda a la gente. Pero para derrotar la corrupción y el despilfarro, es necesario expresar la solidaridad como organización eficaz. Así lograremos el sentido de comunidad que necesitamos para disfrutar de una vida social digna.
Mientras resisten los esfuerzos de los políticos por echarlos del sitio, los habitantes de Umoja han encontrado en la solidaridad su humanidad perdida. En un video grabado en noviembre del año pasado, una joven latina dice: "me gusta estar aquí, tengo un cuarto, tengo una puerta que me da un poquito de privacidad, tengo ropa, tengo comida, ¿qué mas puedo pedir?." Un líder comunal reflexiona: "las casas aquí no tienen bases, nosotros somos la base; hicimos esto para ayudar a las personas, para juntarlas; ¿usted necesita un sitio para vivir? ¿usted necesita comida? se los damos, sin cobrarle, sin preguntarle nada; ¿usted necesita amor? tenemos amor; el amor nos da la respuesta, el amor es la respuesta ahora; y lo tenemos." Un joven negro ríe mientras dice que "es encantador poder cocinar tu propia comida, es algo que no puedes hacer debajo del puente." Un hombre de unos sesenta años lava los platos y comenta "me siento como que soy alguien, especialmente cuando estoy ayudando a alguien, ¿sabes lo que es eso?" Otro, más lapidario, sentencia: "siento que he vuelto a ser un hombre."
Max Rameau señala a la burocracia: "el gobierno local, en vez de ser un aliado en la lucha por construir hogares de bajo costo, es nuestro peor enemigo."
La ciudad de Miami tiene un deficit de viviendas para gente de bajos ingresos. Mientras tanto, el poder municipal promueve la construcción de viviendas de lujo. (De acuerdo al Miami Herald, una Comisionada de Miami tiene prioridades distintas a las de los pobres, como por ejemplo invertir $75.000 de fondos municipales para garantizar la apertura del "Yellow Moon Salon and Day Spa," un negocio propiedad de su familia.) La corrupción y el neoliberalismo se dan la mano. Pero Umoja resiste y nos demuestra que la gente no se cruza de brazos: mas tarde o mas temprano, actúa.
Distribuir dinero ayuda a la gente. Pero para derrotar la corrupción y el despilfarro, es necesario expresar la solidaridad como organización eficaz. Así lograremos el sentido de comunidad que necesitamos para disfrutar de una vida social digna.
Thursday, January 11, 2007
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
"Cuando Anu, el Sublime, Rey de Anunaki, y Bel, señor del Cielo y de la Tierra, decretaron el destino del país y asignaron a Marduk, hijo Comandante de Ea y Dios de la Rectitud, dominio sobre los hombres; y le dieron su ilustre nombre a Babilonia, la hicieron grande y fundaron en ella un reino eterno sobre bases tan sólidas como las del Cielo y la Tierra; entonces Anu y Bel me llamaron a mí, Hamurabí, príncipe exaltado, para que trajera al país el dominio de la rectitud, para que destruya a los malvados y malhechores, para que el fuerte no pueda hacerle daño al débil... para garantizar el bienestar de la gente."
Así comienza el preámbulo del Código que escribió Hamurabí hace tres mil ochocientos años. La retórica es sorprendentemente similar a la de nuestra Constitución, con una muy importante distinción: la autoridad del Código de Hamurabí proviene de la Divinidad. La autoridad de nuestra Constitución proviene del pueblo. El artículo 6 del Codígo de Hamurabí tipifica y sanciona la corrupción: "Ley 6: Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte". La corrupción, como el homicidio, se castiga con la pena máxima.
Nuestra noción de los derechos humanos ha evolucionado durante los 3800 años que han transcurrido desde los tiempos del reino de Hamurabí. En nuestro país ningún delito puede penarse con la muerte. Esto es acertado, en mi opinión. La pena de muerte mengua el espíritu social.
Ahora bien, es improbable que las motivaciones sicológicas primarias del comportamiento humano hayan cambiado significativamente en los últimos cuatro milenios. La especie humana apareció hace unos 300.000 años. Esto quiere decir que si hombres y mujeres hubiésemos aparecido en la Tierra hace un año, entonces el Código de Hamurabí hubiese sido escrito hace apenas cinco días. La fisiología cerebral de un ladrón en Babilonia es la misma que la de un choro en Caracas. Sus motivaciones primarias son las mismas. Sí Hamurabí encontró necesario legislar con severidad extrema contra la corrupción. ¿Que nos hace creer que podemos fundar un país sin penalizarla en forma drástica?
El Presidente acaba de anunciar que promoverá leyes para limitar el sueldo de los funcionarios públicos de alto nivel. Esto es loable. Y tendrá un efecto pedagógico sobre la población. Pero no creemos que vaya a limitar la corrupción.
Un sueldo de 15 millones es 30 veces más grande que un sueldo mínimo, es verdad. Pero 15 millones se quedan cortos ante los montos involucrados en la corrupción. Los negocios de la corrupción involucran millardos de bolívares; en casos extremos decenas y centenas de millardos. El incentivo para corromperse es enorme. Y excepto por la moral individual, no hay freno. Como dijo el difunto Gonzalo Barrios, "en este país la gente roba porque no tiene ninguna razón para no robar".
La corrupción merece ser castigada con la pena máxima, que en nuestro país son 30 años. Y no sería malo plantearnos una meta específica. Sugerimos una: encarcelar aunque sea unos cien corruptos para celebrar la inauguración del Viaducto de la Guaira.
Así comienza el preámbulo del Código que escribió Hamurabí hace tres mil ochocientos años. La retórica es sorprendentemente similar a la de nuestra Constitución, con una muy importante distinción: la autoridad del Código de Hamurabí proviene de la Divinidad. La autoridad de nuestra Constitución proviene del pueblo. El artículo 6 del Codígo de Hamurabí tipifica y sanciona la corrupción: "Ley 6: Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte y el que hubiere recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte". La corrupción, como el homicidio, se castiga con la pena máxima.
Nuestra noción de los derechos humanos ha evolucionado durante los 3800 años que han transcurrido desde los tiempos del reino de Hamurabí. En nuestro país ningún delito puede penarse con la muerte. Esto es acertado, en mi opinión. La pena de muerte mengua el espíritu social.
Ahora bien, es improbable que las motivaciones sicológicas primarias del comportamiento humano hayan cambiado significativamente en los últimos cuatro milenios. La especie humana apareció hace unos 300.000 años. Esto quiere decir que si hombres y mujeres hubiésemos aparecido en la Tierra hace un año, entonces el Código de Hamurabí hubiese sido escrito hace apenas cinco días. La fisiología cerebral de un ladrón en Babilonia es la misma que la de un choro en Caracas. Sus motivaciones primarias son las mismas. Sí Hamurabí encontró necesario legislar con severidad extrema contra la corrupción. ¿Que nos hace creer que podemos fundar un país sin penalizarla en forma drástica?
El Presidente acaba de anunciar que promoverá leyes para limitar el sueldo de los funcionarios públicos de alto nivel. Esto es loable. Y tendrá un efecto pedagógico sobre la población. Pero no creemos que vaya a limitar la corrupción.
Un sueldo de 15 millones es 30 veces más grande que un sueldo mínimo, es verdad. Pero 15 millones se quedan cortos ante los montos involucrados en la corrupción. Los negocios de la corrupción involucran millardos de bolívares; en casos extremos decenas y centenas de millardos. El incentivo para corromperse es enorme. Y excepto por la moral individual, no hay freno. Como dijo el difunto Gonzalo Barrios, "en este país la gente roba porque no tiene ninguna razón para no robar".
La corrupción merece ser castigada con la pena máxima, que en nuestro país son 30 años. Y no sería malo plantearnos una meta específica. Sugerimos una: encarcelar aunque sea unos cien corruptos para celebrar la inauguración del Viaducto de la Guaira.
Saturday, January 06, 2007
Ahora, Justicia Comunal
El 26 de diciembre, ratas del tamaño de conejos se hartaban en la basura bajo la cual había amanecido el 23 de enero. Mujeres, hombres y niños trancaron las calles para hacer pública su frustración.
El que la basura se acumule por impericia, flojera o corrupción, es un atentado a la salud de las personas. Y en el siglo XXI los atentados a la salud son un delito, muy serio. Más allá de las responsabilidades administrativas de los alcaldes y del Ministerio de Salud, le correspondería al Ministerio Público investigar estos hechos; y a los tribunales sancionarlos. Sabemos que esto no va a suceder. Que este escandaloso delito también quedará impune.
El Sistema de Justicia en Venezuela lo conforman el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Ocho años de gobierno nos enseñan que el funcionamiento de estas instituciones es precario. ¿Por qué?
Como en toda institución humana en el Sistema Judicial labora una mayoría de personas de alta calidad ética y profesional. Pero también laboran depredadores sociales. De esos que ven en cada decisión un jugoso negocio, que engavetan investigaciones para complacer a sus jefes políticos, o que a cambio de una vida de privilegios se hacen la vista gorda ante los abusos que sufrimos los ciudadanos. Los depredadores sociales carecen de sentido ético, de conciencia alguna que los limite. En ausencia de límites externos pervierten la función natural de las instituciones y las convierten en instrumentos para satisfacer sus apetitos. Peor aún: se organizan en mafias que atacan y destruyen a quienes no comparten su "visión" del servicio público. En una palabra, corrompen las instituciones y anulan el trabajo de los funcionarios de buena voluntad. ¿Cuál es el remedio?
Cuatro mil años de civilización nos dan la respuesta: la supervisión. ¿Y quien debe ejercer esta supervisión? Los que sufren las consecuencias de un sistema de Justicia postrado: los ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy natural. En su artículo 253 la Constitución establece que "la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas". Pero desafortunadamente la Constitución no hace eficaz este precepto. La supervisión del Sistema Judicial es potestad ¡del Sistema Judicial! Esto es absurdo en principio. Y la experiencia nos ha demostrado que es inoperante en los hechos. La única forma de garantizar que el Sistema de Justicia sirva a los intereses de las comunidades es que sean las comunidades mismas las que lo supervisen.
En concreto, proponemos que se reforme la Constitución para que las comunidades elijan directamente a todos los jueces, fiscales y defensores, como de hecho ocurre en otros países. Asímismo, sugerimos que las comunidades supervisen a los funcionarios del Sistema Judicial y tengan la competencia para destituirlos. También proponemos la creación de un sistema universal de información que recoja todas las actuaciones de los funcionarios judiciales y permita establecer si han sido o no coherentes con los intereses de sus comunidades.
El pueblo puede y merece tomar las riendas de su justicia.
El que la basura se acumule por impericia, flojera o corrupción, es un atentado a la salud de las personas. Y en el siglo XXI los atentados a la salud son un delito, muy serio. Más allá de las responsabilidades administrativas de los alcaldes y del Ministerio de Salud, le correspondería al Ministerio Público investigar estos hechos; y a los tribunales sancionarlos. Sabemos que esto no va a suceder. Que este escandaloso delito también quedará impune.
El Sistema de Justicia en Venezuela lo conforman el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Ocho años de gobierno nos enseñan que el funcionamiento de estas instituciones es precario. ¿Por qué?
Como en toda institución humana en el Sistema Judicial labora una mayoría de personas de alta calidad ética y profesional. Pero también laboran depredadores sociales. De esos que ven en cada decisión un jugoso negocio, que engavetan investigaciones para complacer a sus jefes políticos, o que a cambio de una vida de privilegios se hacen la vista gorda ante los abusos que sufrimos los ciudadanos. Los depredadores sociales carecen de sentido ético, de conciencia alguna que los limite. En ausencia de límites externos pervierten la función natural de las instituciones y las convierten en instrumentos para satisfacer sus apetitos. Peor aún: se organizan en mafias que atacan y destruyen a quienes no comparten su "visión" del servicio público. En una palabra, corrompen las instituciones y anulan el trabajo de los funcionarios de buena voluntad. ¿Cuál es el remedio?
Cuatro mil años de civilización nos dan la respuesta: la supervisión. ¿Y quien debe ejercer esta supervisión? Los que sufren las consecuencias de un sistema de Justicia postrado: los ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy natural. En su artículo 253 la Constitución establece que "la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas". Pero desafortunadamente la Constitución no hace eficaz este precepto. La supervisión del Sistema Judicial es potestad ¡del Sistema Judicial! Esto es absurdo en principio. Y la experiencia nos ha demostrado que es inoperante en los hechos. La única forma de garantizar que el Sistema de Justicia sirva a los intereses de las comunidades es que sean las comunidades mismas las que lo supervisen.
En concreto, proponemos que se reforme la Constitución para que las comunidades elijan directamente a todos los jueces, fiscales y defensores, como de hecho ocurre en otros países. Asímismo, sugerimos que las comunidades supervisen a los funcionarios del Sistema Judicial y tengan la competencia para destituirlos. También proponemos la creación de un sistema universal de información que recoja todas las actuaciones de los funcionarios judiciales y permita establecer si han sido o no coherentes con los intereses de sus comunidades.
El pueblo puede y merece tomar las riendas de su justicia.
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