Saturday, January 06, 2007

Ahora, Justicia Comunal

El 26 de diciembre, ratas del tamaño de conejos se hartaban en la basura bajo la cual había amanecido el 23 de enero. Mujeres, hombres y niños trancaron las calles para hacer pública su frustración.

El que la basura se acumule por impericia, flojera o corrupción, es un atentado a la salud de las personas. Y en el siglo XXI los atentados a la salud son un delito, muy serio. Más allá de las responsabilidades administrativas de los alcaldes y del Ministerio de Salud, le correspondería al Ministerio Público investigar estos hechos; y a los tribunales sancionarlos. Sabemos que esto no va a suceder. Que este escandaloso delito también quedará impune.

El Sistema de Justicia en Venezuela lo conforman el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Ocho años de gobierno nos enseñan que el funcionamiento de estas instituciones es precario. ¿Por qué?

Como en toda institución humana en el Sistema Judicial labora una mayoría de personas de alta calidad ética y profesional. Pero también laboran depredadores sociales. De esos que ven en cada decisión un jugoso negocio, que engavetan investigaciones para complacer a sus jefes políticos, o que a cambio de una vida de privilegios se hacen la vista gorda ante los abusos que sufrimos los ciudadanos. Los depredadores sociales carecen de sentido ético, de conciencia alguna que los limite. En ausencia de límites externos pervierten la función natural de las instituciones y las convierten en instrumentos para satisfacer sus apetitos. Peor aún: se organizan en mafias que atacan y destruyen a quienes no comparten su "visión" del servicio público. En una palabra, corrompen las instituciones y anulan el trabajo de los funcionarios de buena voluntad. ¿Cuál es el remedio?

Cuatro mil años de civilización nos dan la respuesta: la supervisión. ¿Y quien debe ejercer esta supervisión? Los que sufren las consecuencias de un sistema de Justicia postrado: los ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy natural. En su artículo 253 la Constitución establece que "la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas". Pero desafortunadamente la Constitución no hace eficaz este precepto. La supervisión del Sistema Judicial es potestad ¡del Sistema Judicial! Esto es absurdo en principio. Y la experiencia nos ha demostrado que es inoperante en los hechos. La única forma de garantizar que el Sistema de Justicia sirva a los intereses de las comunidades es que sean las comunidades mismas las que lo supervisen.

En concreto, proponemos que se reforme la Constitución para que las comunidades elijan directamente a todos los jueces, fiscales y defensores, como de hecho ocurre en otros países. Asímismo, sugerimos que las comunidades supervisen a los funcionarios del Sistema Judicial y tengan la competencia para destituirlos. También proponemos la creación de un sistema universal de información que recoja todas las actuaciones de los funcionarios judiciales y permita establecer si han sido o no coherentes con los intereses de sus comunidades.

El pueblo puede y merece tomar las riendas de su justicia.

5 comments:

Gustavo J. Mata said...

Carlos, muchas gracias por su pertinente comentario. La prevalencia del VIH hace aún mas necesario el requisito de un certificado de salud. Muchos saludos.

Gustavo J. Mata

Bruno Spelorzi said...

Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo, urge una reforma ¡pero ya!

Muchos de esos circulos viciosos y perniciosos en torno a la forma de impartir justicia de los jueces, están en su forma de selección y escogencia, para nada plurales y éticos, yo también creo que el pueblo organizado debe inmiscuirse en esos temas que nos toca directamente... como beneficiarios de la impartición de la justicia.

Buen post, un abrazo,

Bruno

NB said...

"proponiendo se incluya en nuestro cadigo civil como reforma,en los requisitos para contraer matrimonio y como obligatorio, la presentacion de ambos contrayentes del certificado de salud, expedido por la autoridad sanitaria del municipio. Esto con la finalidad logica, de evitar conformar familias con algun incomveniente de salud. (enfermedades, taras etc.)"

Ustedes disculpen, pero una medida así suena a eugenesia, sería una cosa muy autoritaria. Eso coarta las libertades de la gente.

Gustavo J. Mata said...

NBV,

Tu interpretación cabe dentro de lo literalmente posible, pero creo que es un poco extrema. El asunto sería eugenesia si se prohibiera que la gente con problemas de salud se casara. O como ha sido el caso en los ejemplos históricos de eugenesia, que algún grupo humano se reproduzca. Esta no es la idea.

Te aclaro mi punto de vista con un ejemplo: si una persona es portadora del VIH y otra, no portadora, lo sabe y quiere casarse con ella, es su derecho hacerlo. Pero también es su derecho saberlo. Esta sería una de las funciones del certificado.

Otro ejemplo es el de los problemas genéticos. Hay parejas cuya probabilidad de producir niños excepcionales es altísima. En este caso, también, es importante conocer este hecho antes de casarse.

NB said...

Así sí nos entendemos. Obviamente es un derecho de los contrayentes saber si la otra persona tiene alguna enfermedad contagiosa o ligada a la herencia, pero... no parecía el espíritu de lo que planteaba el señor Burgos, quien explicitamente habla de "evitar" tales y cuales uniones. Con esas cosas hay que andar con mucho tiento, ya que se empieza "evitando" uniones propensas a generar niños con "taras" pero no se sabe nunca cómo se termina.