La Kakistocracia y el Gas Comunal

El absurdo como sistema

En 1979, hace cuatro décadas, comprar gas en El Hatillo era cosa fácil. Bastaba con llamar a uno de tres distribuidores, Di Gas, Palma Gas o Tauro Gas, para que al día siguiente una bombona fuese despachada a la casa —dentro de un término razonable de la hora para la cual había sido prometida—. Comprar gas no era un trauma. Como tampoco lo eran comprar comida o medicinas, comer en un restaurante, usar el transporte público o manejar de noche por una carretera. Comprar gas, sin retrasos ni contratiempos, siguió siendo parte de lo cotidiano durante las subsiguientes tres décadas.

Hoy, cuando ha transcurrido una década más, las cosas son muy distintas. En toda Venezuela comprar gas se ha vuelto una penuria —penuria que es síntoma entre muchos de la degradación de la calidad de vida que nos ha traído el gobierno de los peores, la kakistocracia—.

¿Cómo fue desmantelado el servicio de distribución de gas?

El 3 de septiembre de 2007 Rafael Ramírez y Hugo Chávez Frías, “para acabar con el ‘oligopolio’ que imperaba entre los industriales del gas en bombonas”, crearon PDVSA Gas Comunal, cuyo objetivo sería “garantizar el suministro de GLP y Gas Metano en forma oportuna, confiable y segura a las comunidades”. La grandilocuencia de Chávez como muchas otras veces se estrelló con la realidad: el oligopolio se convirtió en monopolio –y a la vuelta de pocos años el servicio se vino al suelo–.

El desastre de PDVSA Gas Comunal no es un ejemplo aislado.

PDVSA Gas Comunal es, de hecho, paradigma representativo de como desgobierna la kakistocracia, que parece estar maldita por un toque de Midas al revés, que convierte en basura todo lo que toca.

La gerencia de PDVSA Gas Comunal, si es que se puede llamar gerencia a un desorden, es la típica gerencia de la kakistocracia. Los siguientes son ejemplos del desbarajuste:

– Ya no podemos pedir gas por teléfono. Ninguno de los números de nuestro distribuidor, Cacique Baruta, contesta. Que esto es verdad puede ser verificado por el lector: los números son 0212 9451131, 0212 9452572, 0212 9454308 y 0212 9452913. (Tampoco contesta el número de acceso nacional 0800 BOMBONA. Y los mensajes a la cuenta de Twitter @0800Bombona no son respondidos).

– Hace muchos años que Cacique Baruta no nos entrega factura.

– Los camiones de Cacique Baruta no despachan gas a nuestra vivienda, pero ocasionalmente nos topamos con ellos en la calle. Evidentemente los choferes están vendiendo gas a quienes a ellos les da la gana, cuando les da la gana.

La propaganda de PDVSA Gas Comunal, como toda la propaganda de la kakistocracia, es bombástica y basada en la mentira descarada. Mientras la gente no tiene gas la gerencia de PDVSA Gas Comunal se jacta de tener oficinas en todo el país “para dar el mejor servicio”, de ser una “suma de talento humano, tecnología, inversión y una gran infraestructura industrial”, y de expresar “la sabiduría, conciencia y productividad del pueblo”.

Por último PDVSA Gas Comunal, al igual que los demás entes de la kakistocracia, es intrínsecamente incapaz de corregir sus graves defectos. Sus funcionarios son sordos a la crítica y no responden a las denuncias, por bien sustentadas que estén.

La gerencia de Gas Comunal, kakistocracia al fin, se declara infalible, perfecta, paradigma resplandesciente para todos los pueblos del planeta.

Red de Consejos Comunales

“En Venezuela hay 31.000 Consejos Comunales”, declaró en febrero de este año un portavoz del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. Estos Consejos Comunales, trabajando como un sistema coordinado, podrían jugar un papel significativo en el diseño e implementación de políticas públicas. Podrían convertir en realidad la idea de Poder Comunal.

Pero los Consejos Comunales no han alcanzado la madurez. Todavía aprenden, sobre la marcha, a definir y ejecutar sus funciones. Aprenderían mucho más rápido si compartieran entre sí sus experiencias, si cada uno de ellos pudiese aprender de los problemas, soluciones y procedimientos de los demás. Una red capaz de entrelazar los Consejos haría posible este aprendizaje colectivo.

Crear la red comenzaría por documentar la acción de cada Consejo Comunal. En textos, imágenes, sonido. ¿Con qué herramientas? Celulares, cámaras digitales y computadoras, todos aparatos de consumo masivo, son cada vez más accesibles a las comunidades. (500.000 computadoras Canaima serán repartidas a los niños en las escuelas, por ejemplo.) Con la ayuda de estos dispositivos, la información de cada Consejo Comunal podría guardarse en forma digital. Bastaría cargarla a un servidor conectado a Internet para que estuviese a la disposición de los demás Consejos.

Implementar la red que aquí dibujamos es una tarea compleja. Pero está a nuestro alcance: en menos de un año podría estar funcionando lo esencial.

Las técnicas informáticas relevantes son relativamente simples. El aprendizaje y organización a nivel de las comunidades serían los aspectos más difíciles. Pero es precisamente a nivel de las comunidades donde contamos con una ventaja crucial: nuestra preferencia por la conversación como medio para comunicarnos.

Los celulares, las redes sociales, la internet –todos instrumentos para la conversación– serían ideales para entrelazar los hilos del discurso comunal.

Poder Comunal en la Red

Territorio.
Morocure, en el Municipio Caroní, en el Estado Bolívar. Quizquiz en San Cristóbal, en el Táchira. La Vitisús en Boconó, en Trujillo. Guamasire en Iribarren, en Lara. Peladero Tabián en Libertad, en Anzoátegui. Capachalito en Arismendi, en Barinas. Chivacoa en José Antonio Páez, en Yaracuy. Palma Sola en Caripe, en Monagas. Sobre un mapa del mundo, círculos amarillos señalan que alguien en cada uno de estos sitios ha consultado el contenido de un cierto blog (como se llama a un cuaderno de diario en la red). De los nombres emerge Venezuela.

Alfabetización.
Según la UNESCO, "la alfabetización es la capacidad de identificar, entender, comunicar y calcular, mediante el uso de medios impresos o escritos..." De acuerdo a esta definición, aprender a leer y escribir es solo el primer paso hacia la alfabetización cultural. Nuestra cultura todavía es oral. Esto no tiene que ser una desventaja. Durante la mayor parte de la historia, cultura y pensamiento han florecido en la comunicación verbal. Pero la oralidad de nuestra cultura sí es un obstáculo para el funcionamiento de un Estado moderno tradicional, que se sustenta en representaciones numéricas y simbólicas de la realidad. No en balde se llama Estadística a la disciplina que sustenta el análisis cuantitativo y cualitativo de información. Nuestra carencia de registros confiables obstaculiza el diseño e implementación racional de políticas públicas. Y causa sufrimientos innecesarios a la población: conocemos el caso de un ciudadano de la tercera edad que fue dado por muerto por el CNE. Y sobre la base de esta información errónea, privado por el IVSS de su pensión de vejez.

Estado Comunal.
Si el Estado moderno es inconsistente con nuestro nivel actual de alfabetización, el Poder Comunal si es cónsono con la riqueza de nuestra cultura oral. De hecho, es casi una consecuencia lógica de nuestro estilo de comunicación. El ministro del Poder Popular para la Participación Popular y el Desarrollo Social, David Velásquez, informó recientemente que ya están constituidos 24 consejos estadales presidenciales del Poder Comunal en el país. Informó también que los mismos "han estado trabajando en una fase de diagnóstico, elaboración de mapas de distribución geográfica y registros digitales para poder identificar en cada área del territorio los distintos consejos comunales dispuestos." Con esto comienza un flujo de información desde las comunidades. ¿Qué se va hacer con ella?

Oralidad e Internet.
Marshall McLuhan, crítico literario y teórico de los medios, argumentó en los años sesenta que, a diferencia de los medios impresos, la forma de comunicación que generan los medios electrónicos no es la de una cultura alfabetizada, es la de una cultura oral. El correo electrónico, los mensajes de texto en los celulares y los servicios de "chat" se han propagado en nuestro país como candela en llano seco. Esto corrobora la tesis de McLuhan. Nuestra gente simplemente conversa a través de Internet.

La conversación comunal.
El sistema representativo es natural en una cultura alfabetizada: representantes generan leyes y resoluciones que la fuerza de la palabra escrita convierten en preceptos para el comportamiento social. Esto no ocurre en Venezuela. Pero la capacidad de Internet podría utilizarse para generar lo que se llama comunicación "peer to peer" (todo el mundo con todo el mundo). La interconexión de los Consejos Comunales resultaría en una fluida conversación entre las comunidades. Sobre este flujo de información multidireccional y colectivo, sobre este territorio simbólico, se integrarían en forma natural Morocure, Quizquiz, la Vitisús, Guamasire, Peladero Tabián, Capachalito, Chivacoa y Palma Sola. Y, con un poco de suerte, emergería el nuevo Estado, más coherente con nuestro estilo cultural.

Habilitante y Defensa Popular

En la Urbanización la Trinidad, en Caracas, los anaqueles casi vacíos de un supermercado frustraban las expectativas de los clientes. "¿Bajamos más cosas del almacén?" preguntaban al encargado los empleados. "No, dejen eso guardado," era su respuesta. En la ciudad de Cagua, en el estado Aragua, eran incautadas 721 toneladas de azúcar. El azúcar había sido importada de Brasil para ser vendida al público en los establecimientos de Mercal. Pero estaba siendo reempaquetada y revendida, a mayor precio, a comerciantes particulares. El acaparamiento y la especulación siempre han marcado la actividad comercial en Venezuela. ¿Cuál es la lógica de este comportamiento?

Durante el 2005 la cantidad de dinero circulante (en efectivo y en depósitos a la vista) subió en 60%. Durante el 2006 subió en 88%. Cuando aumenta la cantidad de dinero en la calle, la demanda de productos aumenta y los distintos factores económicos actúan para incrementar su ingreso. El acaparamiento y la especulación permiten a comerciantes inescrupulosos aumentar sus ganancias. Pero causan un daño terrible a la sociedad.

El jueves 15 de este mes el Presidente anunció el Decreto Ley de "Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y (conductas similares)". Este Decreto Ley "declara de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar, producir y comercializar los productos regulados, desde la tierra, las maquinarias, los mataderos, los equipos, los frigoríficos, los camiones, las cavas, hasta los locales donde se expenden estos productos." Se imponen sanciones como prisión de 2 a 6 años, multas de 130 a 20.000 Unidades Tributarias e inhabilitación para ejercer el comercio.

Este decreto nos provee de un instrumento jurídico para enfrentar el acaparamiento y la especulación. La rapidez con la que fue producido es un ejemplo de como la Ley Habilitante permite actuar con la fexibilidad y prontitud que son necesarias en un momento de transformación profunda. También es ejemplo de como el liderazgo transformador puede utilizar su poder circunstancial para aumentar el poder político de las mayorías: los Consejos Comunales, por intermedio de los Comités de Contraloría Social asumirán la fiscalización de los comercios.

Según David Velásquez, ministro del Poder Popular para la Participación y Desarrollo Social, "los (Comités de Contraloría Social) tendrán poderes y capacidades concretas para funciones de supervisión, fiscalización y acompañamiento a los organismos del Estado venezolano, responsables de la supervisión del abastecimiento de alimentos."

La tarea no será fácil. Las comunidades tendrán que organizarse y aprender sobre la marcha. Las instituciones del Estado tendrán que vencer su inercia y actuar en conformidad con su función. Pero, como dijo Rosa Luxemburgo: "la clase trabajadora moderna no lleva adelante su lucha de acuerdo a un plan expuesto en algún libro o teoría; la lucha de los trabajadores contemporáneos es parte de la historia, parte del progreso social; y es en el medio de la historia, en el medio del progreso, donde aprendemos como debemos luchar..."

Estamos construyendo el camino de los sueños.

Habilitante y Liderazgo

El dos de este mes el Presidente promulgó la Ley Habilitante, que le concede la facultad de legislar en once áreas que abarcan desde la transformación de las instituciones del Estado y la participación popular, hasta el ámbito energético. Esta acción otorga poderes muy amplios a la presidencia y aunque su legalidad no está en duda, ha sido aprovechada por voceros de la oposición para reiterar que vivimos en una supuesta dictadura. Ante esto vale la pena preguntarse: ¿es políticamente legítimo que la Asamblea delegue tanto poder en la Presidencia?

Muy poca gente duda que la Venezuela de 1999 requería de profundos cambios económicos y sociales. La mayoría escogió al Presidente Chávez como líder de estos cambios. Y el 3 de diciembre pasado, casi siete años después, ratificamos su mandato. La historia del siglo XX nos enseña, por otro lado, que en tiempos de transformación el poder del liderazgo se acrecienta. Contrariamente a lo que predica la oposición, un liderazgo fuerte no es sinónimo de dictadura y mucho menos de opresión. Veamos dos ejemplos.

Frankin D. Roosevelt fue electo cuatro veces como Presidente de los Estados Unidos. Gobernó durante doce años, hasta su muerte en 1945. Roosevelt fue famoso por su drástico estilo político: atacó con virulencia a los conservadores, purgó sin contemplaciones el partido democráta y llenó la Corte Suprema de sus partidarios. Sin embargo, en su ejercicio como presidente forjó la alianza de clases conocida como el New Deal, introdujo fuertes regulaciones al mercado de capitales, expandió la industria a niveles enormes, logró el pleno empleo y creó el Seguro Social Obligatorio. En los círculos académicos es considerado como uno de los tres más importantes presidentes de los EEUU; y como el más liberal de todos.

En 1946, al final de la II Guerra Mundial, fue fundada en Francia la IV República. Charles de Gaulle, quien ya había establecido su lugar en la historia como líder de las fuerzas de la Francia Libre, se opuso a la Constitución de entonces, porque consideraba que debilitaba la figura presidencial y dejaba demasiado poder al juego de alianzas políticas en la Asamblea. En 1958 la IV República colapsó. En junio del mismo año de Gaulle fue electo como primer ministro. La Asamblea le otorgó poderes especiales durante seis meses. Después de un referendo popular la Constitución fue cambiada. En diciembre de Gaulle fue electo presidente de la V República. Para de Gaulle, el jefe del Estado debería personificar "el espíritu de la nación," tanto a la nación misma como al mundo. El presidente debería evocar "una cierta idea de la Francia." De Gaulle, cuyo estilo político era calificado como "de mano dura," fue presidente durante casi doce años.

Nuestro reto es avanzar hacia una democracia participativa y protágonica, profundamente enraizada en el poder comunal. Los ejemplos anteriores se refieren a procesos muy distintos. Pero nos muestran que nuestro objetivo tiene coherencia con un liderazgo contundente y audaz.

El gobierno del Presidente Chávez es presidencialista, de ello no hay duda. Pero inferir de esto que vivimos en una dictadura requiere de una descomunal dosis de mala fe. Vivimos bajo el liderazgo transformador que nosotros mismos hemos escogido.

Ahora, Justicia Comunal

El 26 de diciembre, ratas del tamaño de conejos se hartaban en la basura bajo la cual había amanecido el 23 de enero. Mujeres, hombres y niños trancaron las calles para hacer pública su frustración.

El que la basura se acumule por impericia, flojera o corrupción, es un atentado a la salud de las personas. Y en el siglo XXI los atentados a la salud son un delito, muy serio. Más allá de las responsabilidades administrativas de los alcaldes y del Ministerio de Salud, le correspondería al Ministerio Público investigar estos hechos; y a los tribunales sancionarlos. Sabemos que esto no va a suceder. Que este escandaloso delito también quedará impune.

El Sistema de Justicia en Venezuela lo conforman el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Ocho años de gobierno nos enseñan que el funcionamiento de estas instituciones es precario. ¿Por qué?

Como en toda institución humana en el Sistema Judicial labora una mayoría de personas de alta calidad ética y profesional. Pero también laboran depredadores sociales. De esos que ven en cada decisión un jugoso negocio, que engavetan investigaciones para complacer a sus jefes políticos, o que a cambio de una vida de privilegios se hacen la vista gorda ante los abusos que sufrimos los ciudadanos. Los depredadores sociales carecen de sentido ético, de conciencia alguna que los limite. En ausencia de límites externos pervierten la función natural de las instituciones y las convierten en instrumentos para satisfacer sus apetitos. Peor aún: se organizan en mafias que atacan y destruyen a quienes no comparten su "visión" del servicio público. En una palabra, corrompen las instituciones y anulan el trabajo de los funcionarios de buena voluntad. ¿Cuál es el remedio?

Cuatro mil años de civilización nos dan la respuesta: la supervisión. ¿Y quien debe ejercer esta supervisión? Los que sufren las consecuencias de un sistema de Justicia postrado: los ciudadanos y ciudadanas. Esto es muy natural. En su artículo 253 la Constitución establece que "la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas". Pero desafortunadamente la Constitución no hace eficaz este precepto. La supervisión del Sistema Judicial es potestad ¡del Sistema Judicial! Esto es absurdo en principio. Y la experiencia nos ha demostrado que es inoperante en los hechos. La única forma de garantizar que el Sistema de Justicia sirva a los intereses de las comunidades es que sean las comunidades mismas las que lo supervisen.

En concreto, proponemos que se reforme la Constitución para que las comunidades elijan directamente a todos los jueces, fiscales y defensores, como de hecho ocurre en otros países. Asímismo, sugerimos que las comunidades supervisen a los funcionarios del Sistema Judicial y tengan la competencia para destituirlos. También proponemos la creación de un sistema universal de información que recoja todas las actuaciones de los funcionarios judiciales y permita establecer si han sido o no coherentes con los intereses de sus comunidades.

El pueblo puede y merece tomar las riendas de su justicia.